La bajada del IVA veterinario podría ser pronto una realidad

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La bajada del IVA veterinario está pendiente de la aprobación de los Presupuestos para este año, pero de no aprobarse aún hay otra posibilidad.

Se ha iniciado la tramitación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado. La aprobación de estos Presupuestos significaría la bajada del IVA en los servicios veterinarios del disparatado 21% actual al 10%.

Hasta aquí, estamos hablando de una noticia magnífica y largamente esperada. Pero, la realidad es que al presidente del gobierno le faltan apoyos para aprobar estos presupuestos, por lo que la bajada del IVA veterinario está en peligro. Concretamente, necesitaría del apoyo de los partidos independentistas.

Nos han tranquilizado un poco las declaraciones de Juan José Badiola, presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, que hemos leído en animalshealth.es y en las que señala que la Organización Colegial Veterinaria Española ha entablado contactos con varios grupos políticos para asegurar la bajada del IVA veterinario aunque no fuesen aprobados los presupuestos. Este plan B consistiría en modificar la Ley del IVA y los partidos políticos han mostrado una buena disposición para llevarlo a cabo.

El propio Badiola considera que el actual IVA de los servicios veterinarios ha perjudicado muchísimo a la profesión, poniendo a muchas clínicas al borde de la desaparición, y motivando a otras a asumir el aumento del IVA para no perder clientes.

La bajada del IVA veterinario homologaría el tratamiento fiscal de estos profesionales a las de las actividades sanitarias privadas que desarrollan el resto de profesionales sanitarios.

Hay que tener en cuenta que esta bajada del IVA veterinario redundaría en la protección de la salud de la población humana, porque la veterinaria abarca numerosos ámbitos en los que la salud humana es la protagonista, y como muestra tenemos las zoonosis o los animales de producción.

La subida del IVA veterinario fue una de las medidas más desafortunadas que aplicó el gobierno del Partido Popular. En vigor desde 2012, puso en peligro la vida de los animales, ya que no sólo afectaba la subida a los servicios veterinarios sino a las medicinas y productos similares para ellos. Jamás se puede gravar de esa manera una actividad sanitaria de la que dependen las vidas de animales de compañía, de granja, salvajes y que también afecta directa e indirectamente a la salud de las personas. 

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